Micropoder



e-Abogacía

Bankia: la hora del derecho.
Lunes, 25 de Marzo de 2013 11:25
Escrito por Javier Cremades
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Hoy ha sido un día importante para los tenedores de preferentes y los accionistas de Bankia. Un día importante y triste. La Comisión Rectora del FROB, que dirige Antonio Carrascosa, decide sobre las condiciones de canje de las participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas por el Banco Financiero y de Ahorro (BFA-Bankia), Novagalicia Banco y Catalunya Banc.

Todos los analistas dan por seguro que la valoración será la menor posible, por lo que los cientos de miles de accionistas minoritarios verán como se ve reducido el valor de sus títulos a un céntimo y los tenedores de preferentes recibirán lo que quede de su inversión tras la quita del 39% en acciones que valdrán 0,01 euros. Porque también se da por hecho que este precio será el utilizado para determinar el canje de las participaciones preferentes y la deuda subordinada en acciones de Bankia. En principio, el FROB podría establecer un precio diferente para la conversión, pero en Bruselas no se permitiría.

Esta decisión, a la vista de la cotización actual de Bankia, podría parecer positiva ya que los dueños de las preferentes recibirían acciones a un precio superior respecto al valor de cotización. Si tenemos en cuenta que la quita prevista para las preferentes de Bankia es del 39%, un inversor en preferentes por valor de 10.000 euros recibiría 6.100 euros pero en acciones. Si se establece el precio de la acción al mínimo, es decir a 0,01 euros, esos 6.100 euros se convertirían en 610.000 acciones. Si tenemos en cuenta que en la cotización actual de Bankia la acción está a 0,3, las plusvalías serían del 1.630%.

Desgraciadamente en el mundo real no será así. El, denominado por los expertos, flow back o cascada de ventas que se producirá por parte de los preferentistas que intentarán recuperar un mínimo de su inversión, provocará probablemente que el precio de la acción se hunda. Los expertos calculan que esa caída será de entre un 30% y un 40%, para ponerse al nivel de otros bancos. Esas pérdidas, en el caso de los preferentistas se acumularán a la quita del 39%, por lo que sus pérdidas serán mucho mayores que las quitas anunciadas, al menos entre los que vendan sus nuevas acciones. Aquellos nuevos accionistas que decidan esperar parece que tienen para largo, porque según los analistas el mercado tardará mucho en revalorizar la acción de Bankia a los niveles de salida.

Los afectados por las preferentes no pueden entender cómo les han podido fallar tanto las instituciones en las que confiaban
Estas decisiones consuman ya el daño ocasionado a cientos de miles de pequeños accionistas y de ahorradores que compraron preferentes. Sin haber tenido la información adecuada, habiendo confiado en el Banco de España, el regulador, su Banco de toda la vida… han visto esfumarse sus ahorros en papel que no vale casi nada.

Pero cuando ya la concreción de los hechos llega su fin, es la hora del Derecho. ¿Qué opciones jurídicas tienen los afectados?

Por un lado, el arbitraje. La Comisión Rectora del (FROB) ha aprobado la apertura del proceso de arbitraje de las participaciones preferentes y deuda subordinada del Grupo BFA-Bankia, para que comience la primera semana de abril. Este mecanismo de resolución de conflictos extrajudicial, sin embargo, presenta graves deficiencias que lo hacen insuficiente. En primer lugar, los poseedores de preferentes deberán solicitar el arbitraje en las propias oficinas de la entidad. En segundo lugar, la decisión dependerá de una consultora contratada por la propia Bankia para que realice un análisis previo de los casos que acepta el arbitraje. En tercer lugar, está pensada para resolver rápidamente los casos flagrantes que, de hecho, seguramente obtendrían una sentencia favorable en un Tribunal. Y, en cuarto lugar, esta vía impide la posible vía penal contra la entidad.

Por otro lado, está la vía judicial. Esta es casi la única posibilidad para los accionistas minoritarios que ya habían sufrido una pérdida patrimonial al vender sus acciones tras el colapso de la Entidad. Respecto a los nuevos accionistas provenientes del canje de las preferentes, el equipo de abogados del caso Bankia de Cremades & Calvo-Sotelo está preparando diversas vías judiciales, que incluyen acciones penales, administrativas y civiles contra los responsables del daño sufrido por pequeños ahorradores, que fueron animados a invertir en preferentes sin ser advertidos de las peculiares características de esos productos. El objetivo de la vía judicial no puede ser otro que recuperar su inversión y recibir una justa indemnización.

En esta vía judicial, las sentencias judiciales favorables a los tenedores de preferentes obtenidas hasta ahora abren un margen al optimismo. La última, hace unos días fue la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 2 de Mataró (Barcelona) declarando nulo un contrato de compra de obligaciones subordinadas de Caixa Laietana y su posterior canje por acciones de Bankia por falta de información adecuada sobre los riesgos.

Como abogado de afectados por el caso Bankia, tanto minoritarios como preferentistas, he podido conocer de primera mano la gravedad de las situaciones provocadas. Son personas que no pueden entender lo que ha pasado y cómo les han podido fallar las instituciones en las que confiaban. Si queremos recuperar la confianza en nuestro mercado y en nuestra economía es imprescindible que el Derecho se demuestre como una herramienta eficaz para resolver las injusticias y resarcir de los daños.

Javier Cremades es abogado y presidente de Cremades & Calvo-Sotelo

Artículo Publicado en el Pais.es

 
El futuro de la abogacía
Domingo, 25 de Noviembre de 2012 18:06
Escrito por Javier Cremades
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Vivimos tiempos convulsos en los que parecen faltar voces autorizadas que expresen el sentir de la ciudadanía. La crisis de la representatividad que aqueja a las democracias europeas, como señala Sartori, está vaciando la confianza en los partidos y los políticos. Este vacío coincide con la crisis de las mediaciones provocada por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

Como intenté explicar hace años en mi libro “Micropoder”, Internet y las redes sociales está conectando a los ciudadanos sin necesidad de los intermediarios clásicos: medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones sindicales, etc. Fruto de estos cambios y de la crisis económica han surgido en toda Europa movimientos contestatarios que reivindican una representación popular sin más legitimidad que su propia existencia. Sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos tampoco se siente representada por estos movimientos alternativos.

 

La sociedad civil corre el riesgo de quedar aprisionada entre unas estructuras políticas anquilosadas y unos movimientos radicalizados. Como enseñaba Hannah Arendt “las libertades democráticas pueden hallarse basadas en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; sin embargo, adquieren su significado y funcionan orgánicamente sólo allí donde los ciudadanos pertenecen a grupos y son representados por éstos o donde forman una jerarquía social y política”.

 

Se requiere por tanto una nueva inyección de principios democráticos que involucren a los ciudadanos en el gobierno de la sociedad. Cada vez es más aceptado que la regeneración del sistema político debe venir de las realidades previas a la política y a la economía. Por este motivo, hoy más que nunca se necesita revitalizar todas aquellas instituciones nacidas de la propia iniciativa de los ciudadanos por motivos profesionales, sociales o cívicos.

 

Durante más de cien años la voz de los abogados jugó un papel muy importante en la estructuración de la sociedad civil. En los años de la Transición democrática, el propio Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol Rius, fue un actor de gran relevancia para arbitrar y moderar los importantes cambios que se produjeron en tan poco tiempo. Tanto desde el gobierno de la UCD como desde la oposición se buscaba y respetaba el parecer del que era el Colegio profesional más numeroso e influyente de la sociedad española.

 

Han pasado treinta años desde entonces y la situación ha cambiado mucho. Hoy la voz de la abogacía no se tiene en cuenta en la sociedad. El respeto a la labor de representación y defensa de los ciudadanos brilla por su ausencia en la Administración de Justicia. En la actualidad, diariamente, miles de abogados sufren maltrato y abuso en los tribunales de justicia españoles. Con ellos, el derecho de defensa de los ciudadanos, resulta atropellado. El mal funcionamiento de la justicia tiene, en esta situación, uno de sus exponentes más claros.

 

Soy abogado desde hace más de veinte años y estoy convencido de que la abogacía es una de las profesiones más nobles y apasionantes. Los abogados hemos sido siempre vanguardia de la sociedad, hemos participado en todos los cambios sociales relevantes, y con frecuencias los hemos liderado. Pero, desde hace algunas décadas, los abogados hemos estado relativamente ausentes de los debates y de los cambios sociales.

 

España necesita una nueva abogacía que se comprometa con los distintos debates sociales que definen nuestro futuro y, de estar forma, siga liderando con una eficacia reforzada la defensa de los intereses de los ciudadanos.

 

La abogacía debe recuperar posiciones de liderazgo en la sociedad porque los abogados somos agentes principales del mundo jurídico, que es el que define las claves del juego en sociedad. Para conseguir tener una voz respetada en la sociedad, los abogados primero necesitamos recuperar el prestigio, que sólo podremos participando activamente en el juego de la sociedad. Así podremos alcanzar el respeto que necesitamos en el ejercicio de nuestras funciones constitucionales.

 

Las próximas elecciones en el Colegio de Madrid son una oportunidad para introducir este debate. Porque abrir la abogacía a la sociedad no significa otra cosa que abrirnos todos a un mundo de oportunidades. Todos tenemos que seguir creciendo en formación y relación unos con otros.

 

El futuro de la abogacía pasa por devolver nuestra profesión a la primera línea de la modernización de la sociedad. Hace falta aprovechar las oportunidades que nos brinda la imparable internacionalización de nuestra profesión. Pero, en nuestra sociedad globalizada, para hacer que las cosas sucedan hace falta saber trabajar en equipo y colaborar con muchas personas e instituciones más allá del propio ámbito de actuación.

 

Estoy convencido de que entre los abogados hay mucho talento y muchos liderazgos propositivos. Si sabemos trabajar juntos podremos hacer posible que la abogacía recupere el prestigio que siempre tuvo. Porque sólo volviendo a ser una voz que habla fuerte y claro podremos gozar del respeto que se merece nuestra defensa de los derechos de los ciudadanos.

 

En medio del desierto de la crisis económica y política que parece atenazarnos, el reto de la nueva abogacía es un desafío optimista que demuestra el potencial de las energías cívicas de la sociedad española.

 

Javier Cremades

Abogado

 

 

Artículo publicado en el País.

 

 

 

 
El abogado, su colegio y el derecho de defensa.
Jueves, 01 de Marzo de 2012 16:41
Escrito por Javier Cremades
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Ha terminado ya la terna de procesos judiciales que el Tribunal Supremo había abierto contra el juez Garzón. Al archivo del caso sobre la petición de financiación para sus cursos en la Universidad de Nueva York por haber prescrito, se suma ahora la sentencia absolutoria para el juez del caso de la investigación sobre el franquismo. Destaca, aún más, como única sentencia condenatoria la sentencia unánime de los siete magistrados del Tribunal Supremo condenando al juez Garzón por ordenar unas escuchas ilegales a los abogados del caso Gürtel. Una vez despejada la bruma mediática de esta cadena de procesos es momento para reflexionar sobre la relevancia jurídica de una sentencia que perdurará más allá de la propia fama del famoso juez condenado a dejar de serlo, por afectar a uno de los pilares del Estado de Derecho: el derecho de defensa.

 

La profesión de abogado es una de las más antiguas y nobles de la Historia de la Humanidad. Los pilares de nuestra civilización occidental nacen precisamente del desarrollo del Derecho Romano y sus instituciones. Sólo con la formación de un Derecho se asegura el respeto a la dignidad de la persona. El moderno Estado de Derecho, tras la Segunda Guerra Mundial, quiso dotarse de una garantía de los Derechos Humanos como respuesta a los genocidios perpretados por regímenes totalitarios que utilizaron los conductos formales del Derecho con la imprescindible complicidad de algunos jueces que se prestaron a cerrar los ojos ante la utilización perversa del ordenamiento jurídico. Los jueces del régimen nacionalsocialista y los jueces de las purgas estalinistas tenían en común su legitimidad de origen, pero también su instrumentación al servicio de la máquinaria política de sus regímenes totalitarios.

 

Tras el estremecedor testimonio de los jueces nacionalsocialistas en los procesos de Nüremeberg, todos los juristas hemos aprendido que lo único que separa un Estado de Derecho de un Estado que utiliza el Derecho es la frontera del Derecho de Defensa que asiste a todo ciudadano. Nunca puede haber una acusación por horrible que parezca, que justifique la vulneración del Derecho de Defensa. El Estado solamente puede matizar alguna de las implicaciones de ese Derecho por causas muy graves, excepcionales, objetivas y muy tasadas, como puede ser algún caso concreto de terrorismo en el que esté en juego la vida de muchas personas. Pero hoy, como ayer, es evidente que las malas artes no deben ser admitidas en la noble tarea de impartir justicia y perseguir el interes general.

 

El derecho de defensa es la piedra angular del derecho a la tutela judicial efectiva. Los ingredientes del derecho de defensa tienen unos contenidos básicos  y significativos: el derecho de asistencia del abogado desde el primer momento de su detención, a ser informado de la acusación, a ser puesto en libertad en 72 horas, a no declarar, a no confesarse culpable. En definitiva, es un derecho que debe gozar de la máxima protección, no solo en abstracto sino también en su aplicación real y desde luego, el asunto Garzón ha constituido un punto de inflexión en la protección del mismo,  aun a pesar de toda la presión mediática y política que sobre el particular se ha ejercido.

 

Nos encontramos por tanto, con una sentencia que decide sobre el alcance de la protección de lo que se considera la médula espinal del Estado de Derecho: el secreto de las comunicaciones entre el abogado defensor y su cliente. La sentencia, como es conocido, condena la autorización de escuchas de las conversaciones que los letrados de agunos acusados de la trama mantuvieron en la cárcel. Con todas las garantías de un proceso penal en que se han podido oir las alegaciones de todas las partes nada menos que siete miembros, de conocidad diversidad ideologica ademas, del más alto tribunal de la jurisdicción española han coincidido en que el Juez Garzón ordenó esas escuchas a sabiendas de que estaba vulnerando el derecho de defensa y la presunción de inocencia de los propios letrados.

 

Todas las manifestaciones mediáticas y populares suscitadas por esta sentencia provienen, sin duda, de la acusada personalidad pública del juez Garzón y son comprensibles cuando provienen de legos en Derecho, que no tienen por qué entender la gravedad de que un juez vulnere el Derecho de Defensa aunque sea con el loable fin de perseguir la justicia. Si los jueces comenzaran a actuar siguiendo la regla de que el fin justifica los medios, automáticamente habríamos empezado a sustituir el Estado de Derecho por la utilización del Derecho por parte de un poder del Estado.

 

Menos comprensibles son, en cambio, las reacciones de algunos juristas y políticos que parecen, paradójicamente, olvidar sus raíces progresistas para minusvalorar el Derecho de Defensa, tradicionalmente bandera de la izquierda jurídica. Quizá se deba a la presencia de algunos restos de aquel planteamiento marxista de entender el Derecho como una superestructura social que había que utilizar para conseguir los fines de la lucha de clases. Por tanto, entienden que cuando el Derecho no coincide con los intereses ideológicos de quien se apropia la conciencia de clase del pueblo ha de ser cambiado. La Justicia, según esta filosofía, emana del pueblo, siempre que el pueblo  sea liderado por sus "legítimos" representantes políticos.

 

Sin embargo, esta nube de reacciones emocionales e ideológicas oculta una circunstancia de este caso que representa mayor gravedad. Se trata del desconcertante papel que ha jugado en este proceso el Colegio de Abogados de Madrid. En buena lógica, parecería que una de las funciones esenciales de todo Colegio de Abogados fuese la protección del Derecho de Defensa como núcleo de la profesión del abogado. Por eso, a nadie le extrañó que, tras conocer la realización de las escuchas, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid aprobara, a mi juicio de forma acertada, la autorización para que el Colegio interpursiera una querella para defender el Derecho de Defensa  que ejercian los letrados espiados. Lo que resulta sorprendente y hasta escandaloso es que el Colegio finalmente no actuara y dejara solos a los abogados escuchados. Tuvo que ser un abogado particular y en solitario, Ignacio Pelaez, el que decidió dar ese complicado paso y presentar la correspondiente querella que una vez admitida, ha permitido la incoación del conocido procedimiento penal ante la Sala Segunda del TS y la personación de otras partes acusadoras.

 

Esta inhibición, incumpliendo el acuerdo de la Junta de Gobierno, abre la puerta a distintas consideraciones sobre sus causas. Evidentemente se trataba de un caso que afectaba a un conspicuo representante de la judicatura y afectaba de lleno al ámbito político, con la consiguiente relevancia mediática. Pero, sean cuales sean las comprensibles razones sobre la dificultad del caso, ninguna de ellas puede justificar la indefensión, por parte de su Colegio, de unos abogados en el ejercicio profesional del Derecho de Defensa. La propia razón de ser de un Colegio de Abogados fundamentalmente reside en la protección del estatuto del abogado frente a otras pretensiones. Si cuando es más necesaria esa defensa, por la magnitud de la vulneración cometida o por quien la comete, un abogado se encuentra solo, la propia institución del Colegio queda reducida poco mas que a una mutualidad de servicios para profesionales.

 

Estas deficiencias en la protección del abogado en su ejercicio profesional han quedado subsanadas por la claridad y contundencia de una sentencia unánime de siete magistrados del Tribunal Supremo. Pero esta circunstancia no nos exime del deber de pararnos a reflexionar sobre qué tipo de Colegio de Abogados queremos y cómo podemos evitar que esta pasividad se repita. De una parte, se podría regular en el ámbito de los Colegios de abogados el amparo colegial por la vía reglamentaria que permita dar respuesta a situaciones que, como vemos, se presentan diariamente en la práctica forense. De otra parte, sería conveniente la promulgación de una Ley Orgánica de Defensa, en los términos en los que se ha pronunciado el propio Consejo General de la Abogacía.

 

Como ya dijo en su día el ex Decano del Colegio de Abogados de Madrid Martí Mingarro adelantándose ya a los problemas que se derivarían de este tipo de actuaciones en su obra “Crisis del Derecho de Defensa: Me pregunto yo y nos debemos preguntar todos, de qué sirve que el Código Penal castigue al Abogado que revela sus secretos (artículo 199); que la LOPJ le obligue a la más estricta confidencialidad; y que se pueda expulsar de la profesión al Letrado que quebrante esa confidencialidad, de qué sirve todo eso si lisa, llana y cómodamente un funcionario innominado puede grabar impunemente todas las conversaciones que se produzcan en la relación Abogado-cliente mediante dispositivos electrónicos perfectamente ocultos e inaccesibles”.

 

 

Javier Cremades

Abogado.


Fuente: El País

 

 

 
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Javier Cremades

“Los poderes clásicos deben aprender a relacionarse con los nuevos participantes en el gran juego de la sociedad. Aquellos que sepan adaptarse, los encontraran como aliados. Los que no perciban el cambio se despertarán, como el Gulliver de Swift, atenazados por la red de infinitos hilos de los insignificantes liliputienses”.