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Los retos de la Administración de Justicia Española.
Miércoles, 01 de Febrero de 2017 16:49
Escrito por Javier Cremades
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Vivimos en una sociedad en la que cada día, al levantarnos, los medios de comunicación nos informan sobre los nuevos avances tecnológicos que se están produciendo en muchos sectores vitales y que tienen una clara repercusión en nuestra cotidianidad. Sentimos, además, la velocidad de vértigo a la que se producen. Y si bien en muchas ocasiones percibimos los cambios como un avance positivo, en otras, las noticias que nos llegan nos generan incertidumbre y preocupación. La sociedad del riesgo se caracteriza por esa ambivalencia.

Los Estados modernos obligados a asumir los cambios, se ven compelidos a adecuar su aparato normativo a las nuevas realidades, aprobando nuevas leyes o modificando las ya existentes para dar una respuesta satisfactoria a las nuevas demandas sociales. Los cambios normativos no sólo van de la mano de los cambios sociales sino que, además, en muchos campos se producen de forma continua y acelerada. No hace falta más que asomarse al mundo de la empresa, de las finanzas, al farmacéutico o al de las nuevas tecnologías para constatar dicha realidad.

Pero los cambios normativos que regulan y ordenan la nueva realidad de por sí no bastan si el mecanismo que permite su aplicación se mantiene en la obsolescencia o no se moderniza. Se produce así un desfase entre la aprobación de las nuevas normas y su efectiva aplicación. Es como si modernizáramos el parque móvil pero la red viaria la dejáramos intacta.

En España la cesura entre vigencia de las normas y su efectiva aplicación no sólo resulta evidente, sino también preocupante porque el aparato de Administración de Justicia no ha experimentado el adecuado proceso de modernización que la nueva realidad normativa demanda. Y ello, con los consabidos y graves perjuicios que acarrea. La disfuncionalidad de nuestra Administración de Justicia, tanto penal, civil y administrativa, es palpable, y así lo perciben los actores y la ciudadanía en general quienes no dejan de entonar el viejo cántico decimonónico: “la justicia es lenta, la justicia es mala, la justicia es sólo para los ricos porque la justicia es cara”.

¿Y que hacer ante esta situación? ¿A qué retos se enfrenta la Administración de Justicia española? Claramente, nuestra Administración de Justicia necesita ser reformada. Y para ello, no basta con someterla a una mera operación estética, hace falta una intervención en profundidad. Esa intervención en profundidad, ciertamente, requiere consignar más medios y contar con más personal –las estadísticas comparativas con otros países de nuestro entorno la dejan en un lugar muy rezagado en lo que a medios y personal se refiere- pero no sólo. No basta con digitalizarla –LexNex, grabar juicios, etc-. Requiere, a mi modo de ver someterla a un proceso de cambio en su estructura. Nuestras leyes procedimentales, por más que se parchean, son en su mayoría inadecuadas, y cuando se cambian muchas veces es a peor. El parcheo tapa el bache pero no supone un nuevo asfaltado que permita viajar a más velocidad. Y muchos cambios se han realizado de forma irreflexiva y precipitada, motivados por razones políticas oportunistas las más de las veces y sin saber muy bien hacia que dirección dirigirse y que modelo adoptar. Los modelos de procedimiento deben no sólo ser consensuados sino, lo que es más importante, estudiados, diseñados y testados en profundidad antes de ser aprobados.

 
Sea firme, Señor Brufau.
Martes, 26 de Noviembre de 2013 15:48
Escrito por Javier Cremades
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En las últimas semanas han sido publicadas diversas informaciones sobre un posible acuerdo entre las partes por la incautación de las acciones que Repsol tenía en YPF. Las noticias y rumores se han difundido días después de la reciente visita a España del señor Galuccio, primer ejecutivo de YPF nombrado por el gobierno argentino tras la expropiación a Repsol. El directivo se entrevistó con el  ministro de Industria para pedirle que conminara a Repsol a aceptar, antes de fin de año, la indemnización que ofrezca el gobierno de Kirchner, o en su caso, la que fuese fijada por sus órganos administrativos-judiciales, que de forma peculiar se avanza que va a coincidir con la primera.

La actitud del directivo que representa al gobierno de la presidenta Kichner pone de manifiesto su desconocimiento del Estado de Derecho que protege la libertad de mercado. En efecto, en España nuestra legislación constitucional y mercantil sientan el principio de libertad de empresa y reconocimiento de la propiedad privada. Las empresas privadas son de sus accionistas, y no de los Estados y mucho menos de sus directivos. Un gobierno que se inmiscuyera en la dirección de una empresa privada, incurriría en exceso o desvío de poder, lo que podría generar la consiguiente responsabilidad patrimonial de la administración.

Conviene recordar al actual gobierno argentino que al expropiar YPF no expropia a España, aunque políticamente ese pudiese ser el objetivo. Ni siquiera en última instancia expropia a la propia Repsol. Lo que en verdad se hace es expropiar un activo de Repsol, y por tanto una propiedad de los accionistas de la compañía. Desde este punto de vista, son los miles de accionistas de toda clase y género los verdaderos afectados por el acto unilateral de incautación del gobierno argentino. Si observamos además que esta compañía, tras un trabajo de décadas de compromiso con el buen hacer, constituye hoy día una importante multinacional del mundo de la energía, llegamos fácilmente a la conclusión de que se ha expropiado también a un accionariado multinacional.

Por otra parte, las pretensiones compensatorias del gobierno de Kichner resultan totalmente perjudiciales para los accionistas minoritarios de Repsol. El Ejecutivo argentino ofrece un máximo de 3.700 millones de dólares por el 51% de YPF que le fue expropiado a Repsol, que pide 10.500 millones por dicha participación. Además, esos 3.700 millones Repsol tendría que aportarlos a una nueva sociedad mixta en la que Repsol tendría una participación minoritaria del 47% en tanto que YPF aseguraría el control mayoritario del 51%. La sociedad resultante obtendría los derechos de explotación de una superficie del yacimiento de Vaca Muerta que no alcanza el 6% del negocio total. Aceptar esta solución, además, entrañaría renunciar a cualquier derecho ante los organismos de arbitraje o en los tribunales de justicia.

La mejor prueba de que se trata de una oferta inaceptable para los accionistas de Repsol son las condiciones del acuerdo posterior que YPF ha alcanzado con Chevron para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Chevron ha recibido activos cuatro veces mayores que los que se ofrecían a Repsol. La petrolera norteamericana se queda además con el 50% de los activos sujetos al acuerdo, pero no tiene que participar accionarialmente en ninguna sociedad conjunta como ocurriría con la empresa española.

Estas condiciones supondrían hacer pagar a los accionistas de Repsol los platos rotos de la expropiación injusta de YPF. Hay que tener en cuenta que, tanto el Estado, como los directivos de las empresas podrían incurrir en graves responsabilidades frente a sus accionistas, si adoptan decisiones que pudieran perjudicar los intereses de los propietarios. Los directivos, adoptando decisiones contrarias a los intereses de los accionistas, violarían sus deberes fiduciarios hacia la sociedad, lo que también podría generar acciones civiles por daños, cuando no incluso, acciones penales por administración desleal.

Los accionistas minoritarios reclamamos al gobierno de España y a los administradores de Repsol presididos por el señor Brufau que se mantengan firmes y no acepten ninguna solución que pueda perjudicar aún más a los accionistas minoritarios. La única solución que queremos es que la compañía reciba una compensación económica que se ajuste al valor de los bienes requisados. De lo contrario se certificaría el expolio de los accionistas.

Es importante, en este tipo de situaciones, reivindicar el papel que corresponde a los accionistas de nuestras sociedades cotizadas. La junta general es la sede adecuada para abordar esta y otras cuestiones de similar calado. Ya en la última junta general de Repsol, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), solicitaba que cualquier decisión respecto a un posible acuerdo con el gobierno argentino, se someta a la consideración y aprobación de todos los accionistas. Es mucho lo que está en juego, y no es poca la presión que puede existir para intentar pasar página de este incómodo asunto cuanto antes y de la forma que sea.

Los accionistas no pueden permitir en ningún caso que se caiga en tal tentación. Ni cederán ante el Estado, ni ante el staff de la propia compañía. Reivindicarán lo que en justicia les corresponde, sea a través de un acuerdo, sea a través del ejercicio de las acciones pertinentes en las instancias nacionales e internacionales oportunas. Pero sobre todo estarán vigilantes y beligerantes ante cualquier intento de expolio de su patrimonio.

El capitalismo popular, que es como se conoce a la generalización de la inversión en los mercados financieros, exige un sistema institucional que ofrezca seguridad. Entre la arquitectura jurídica de ese sistema, ocupa un papel relevante la normativa sobre buen gobierno empresarial. Ello exige atribuir a los accionistas su cuota de poder y responsabilidad, así como imponer a los directivos su deber de defender los intereses de sus principales. Bajo tales premisas se jugará este partido, sin que nos podamos ver arrastrados a jugar bajo las reglas de otras formas de capitalismo, que más que popular habría que calificar como populista.

Javier Cremades, Abogado.

Secretario General de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas.

 

Fuente. El País.

 
Jornada de Reflexión Estratégica de Cremades & Calvo-Sotelo en el CI BBVA.
Jueves, 20 de Junio de 2013 13:53
Escrito por Javier Cremades
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El pasado 18 de junio Cremades & Calvo – Sotelo organizó una jornada de reflexión estratégica en la sede de Madrid del BBVA Innovation Center. Fue un interesante ejercicio de trabajo en equipo en el que se involucró a toda la columna vertebral de la sede del despacho en Madrid: desde los socios hasta los abogados junior.

 

Muchos pensarán que la abogacía es un ámbito tradicional en el que la innovación tiene poca o ninguna cabida. Cremades & Calvo Sotelo, no. Al igual que nuestros amigos del BBVA, el Despacho entiende la innovación como motor del crecimiento ya que facilita nuevas formas de mejorar y poder así ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

 

Cremades desde su creación hace ya 20 años siempre ha utilizado la innovación como un elemento diferenciador y que le ha permitido procurar a sus clientes una fórmula única de prestación de servicios.

 

Prueba de ello es el diseño, desarrollo y puesta en marcha por parte del Despacho de la primera Oficina Digital en el año 2006. Un proyecto cuyo objetivo fundamental  fue el desarrollo de un espacio de trabajo en el que el uso de las soluciones tecnológicas más innovadoras que integraban los últimos avances en domótica, informática y telecomunicaciones proporcionara un entorno laboral que favoreciera el incremento de la productividad y optimizara las condiciones humanas de trabajo de las personas. A día de hoy la Oficina Digital sigue albergando la sede principal de Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid.

 

Las principales áreas de innovación del Despacho se refieren a la práctica jurídica y la prestación de servicios. Por eso, identificamos el BBVA Innovation Center como el marco ideal donde organizar nuestra jornada anual de reflexión estratégica. Un espacio idóneo que fomenta la interacción e inspiración, donde todas las ideas comienzan a tomar forma y donde no tenemos ninguna duda se han empezado a afrontar nuestros retos del futuro.

 

Queremos agradecer a todo el equipo del BBVA Innovation Center su profesionalidad, experiencia y amabilidad y en hacer posible que esta jornada haya sido inolvidable para todo el equipo de Cremades & Calvo Sotelo.  

 

 

 
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Javier Cremades

“Los poderes clásicos deben aprender a relacionarse con los nuevos participantes en el gran juego de la sociedad. Aquellos que sepan adaptarse, los encontraran como aliados. Los que no perciban el cambio se despertarán, como el Gulliver de Swift, atenazados por la red de infinitos hilos de los insignificantes liliputienses”.