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Banco Madrid: ¿banco bueno o banco malo?
Jueves, 30 de Abril de 2015 19:57
Escrito por Javier Cremades
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La crisis financiera que asola nuestras economías desde ya el año 2007, parece no tener fin. Después del rescate de la mitad de nuestro sector financiero, e inmersos todavía en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pequeños inversores engañados en la irregular salida a bolsa de Bankia, salta a la luz pública este nuevo y singular caso.

Lo que llama la atención inicialmente en el caso Banco Madrid es que la iniciativa no parte de las autoridades españolas, ni de las comunitarias, y ni siquiera de las andorranas, sino de la estadounidense Financial Crisis Enforcement Network (FinCEN). Según se filtra en medios de comunicación la FinCen considera que Banca Privada d'Andorra (BPA), matriz al cien por cien de Banco Madrid, está relacionada con el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. A raíz de lo indicado el regulador financiero de Andorra, el Instituto Nacional de Finanzas (INAF), interviene BPA. A continuación, el Banco de España interviene la filial española de BPA, el Banco Madrid.

El primer interrogante que cabe plantearse en este escenario es si la intervención, seguida de una sustitución de los órganos directivos de las entidades, es la respuesta adecuada del ordenamiento ante una acusación, no formal que se sepa por ahora, de actuación ilícita en materia de blanqueo de capitales. Son realmente, por desgracia, numerosos los casos en que distintas entidades han estado implicadas, y muchas de ellas no a título anecdótico, en incidentes relacionados con el blanqueo de capitales. Pero la respuesta de las autoridades ante tales hechos, fue como no podía ser de otro modo, depurar las oportunas responsabilidades. En este caso sin embargo, el problema de una matriz contamina directamente a una filial, que puede que no tenga en absoluto nada que ver con las posibles operaciones irregulares de la matriz. Y en este contexto se decide intervenir la entidad filial, sustituir su consejo de administración, e incluso decidir paralizar la actividad de las oficinas, imponiendo de facto, no un corralito, sino una incautación total de los depósitos, que si bien en principio ha de ser temporal, no se sabe ni por cuanto tiempo será ni cuáles serán las verdaderas consecuencia de la misma. Parece una vez más que la seguridad jurídica, la certidumbre en las posibles respuestas del ordenamiento y por tanto, la confianza en el funcionamiento del sistema, vuelven a estar en entredicho.

El segundo interrogante que cabe plantearse es si la inmediata solicitud de concurso de acreedores por los administradores designados por el Banco de España, tiene o no sentido. Como es sabido las entidades de crédito tienen sus propios mecanismos de resolución de las situaciones de crisis. La intervención temprana, la reestructuración y la resolución, son los instrumentos que la nueva normativa bancaria, en el marco de los mecanismos europeos, ponen a disposición de las autoridades responsables de la materia. No es de extrañar, por tanto, que tras esta precipitada decisión de solicitud de concurso voluntario de acreedores, el juez de lo mercantil encargado de adoptar en su caso la decisión, haya decidido suspender el procedimiento, dando traslado de la causa al Frob, para que este se pronuncie sobre la adopción o no de alguno de los mecanismos específicos de tratamiento de las crisis bancarias. Es evidente que una situación así genera desconcierto no sólo en la opinión pública, sino también en los ahorradores directamente afectados, que se ven inmersos en un procedimiento incierto que puede desembocar en caminos absolutamente divergentes. Banco Madrid es un banco aparentemente solvente, y sin embargo se inicia rápidamente por los administradores designados por el Banco de España, un procedimiento de concurso con vocación de liquidación. El concurso extintivo es una institución prevista para los casos de insolvencia grave. Esto es, para los casos de desbalance en los que los activos no cubren los pasivos y por tanto debe procederse a un reparto ordenado de los haberes bajo el principio de tratamiento paritario. Si aquí tenemos un banco solvente, y los ratios comunicados oficialmente así lo avalan, lo procedente no es la liquidación, sino el mantenimiento de la entidad con las cautelas que en cada momento deban adoptarse.

De lo dicho se desprende que es posible que nos encontremos ante uno de esos supuestos en los que pagan justos por pecadores. Es preciso que las autoridades españolas den las explicaciones oportunas de cual es la situación en la que estamos, y cuales son las soluciones a la misma. Ello lo requiere no sólo la más elemental norma de transparencia, sino también esa necesidad de confianza que los ciudadanos necesitamos tener en el correcto funcionamiento del sistema financiero. No sabemos si Banco de Madrid es un banco bueno o un banco malo, pero sabemos que es un banco en el que han confiado miles de pequeños ahorradores españoles, que no se merecen, ni que se insinúe en una falta absoluta de tacto ético, que forman parte de esquemas evasores de impuestos, ni que se les retengan totalmente sus ahorros en un marco de incertidumbre y confusión. No puede sino calificarse como surrealista, que un país que vivió una crisis financiera como la que padecimos y que la mitad d e nuestro sistema tuvo que ser rescatado, sin que se paralizara ni un día la actividad de una sola oficina bancaria de entidades inmersas en los abismos de las pérdidas, veamos ahora como superada la crisis el sistema da la espalda a todos los afectados por el Banco Madrid.

 

 

Javier Cremades

Abogado

Presidente de Cremades & Calvo-Sotelo

Presidente de la International Financial Litigation Network (IFLN)

 

 

 

 
Seguridad jurídica y fraudes financieros.
Lunes, 07 de Octubre de 2013 22:28
Escrito por Javier Cremades
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La quiebra de Lehman Brothers, la estafa de Madoff, las consecuencias del escándalo del Libor, la fallida salida a Bolsa de Bankia, la comercialización dudosa de productos mixtos como las preferentes o el fraude de Pescanova, han afectado a miles de empresas y millones de personas de todo el mundo. La mayoría de ellas se han visto perjudicadas sin conocer siquiera las causas que han provocado sus pérdidas. Con frecuencia algunas entidades bancarias y agentes financieros han sido ellos mismos víctimas de fraudes financieros.

En este contexto de quiebras del sistema financiero internacional, España destaca por haber sufrido la “tormenta perfecta” de estos desastres. Con más de un millón de españoles que han sido víctimas de un fraude financiero, podemos decir que España ha sido el mejor laboratorio de las peores prácticas de todo el mundo:

A pesar de contar con algunos de los mejores bancos del mundo, como Santander o BBVA, el resultado de la combinación de estos escándalos y la crisis en la industria de servicios financieros es una importante pérdida de la confianza en un sector estratégico para la economía. Este deterioro de la imagen pública del sector financiero pone en riesgo la incipiente mejoría de la inversión extranjera en España porque todos sabemos que el dinero es temeroso y con la globalización tiene muy fácil la huida a otros mercados más seguros. Por tanto resulta urgente buscar soluciones que contribuyan a recuperar la seguridad jurídica y la confianza de los mercados financieros internacionales. Es necesario demostrar que nuestros actores del Estado de Derecho son eficaces.

En primer lugar, es precisa la existencia de una abogacía independiente y profesional, capaz de defender los intereses de los afectados por los fraudes. Es claro que, cuando los casos financieros tienen una repercusión mundial resulta necesario para la defensa de los intereses de las personas físicas o jurídicas afectadas plantear una actividad litigadora global. La litigación internacional requiere, sin embargo, una compleja capacidad de información y recursos. Ese es precisamente el objetivo que nos llevó a más de veinte firmas de abogados de todo el mundo a crear en Nueva York la International Financial Litigation Network (Red Internacional de Litigación Financiera). De hecho, en este aspecto la abogacía española está demostrando su capacidad de trabajar globalmente para dar respuestas globales a fraudes globales. Me atrevo a decir que, gracias a la existencia de una abogacía eficaz y moderna, los españoles han elegido la vía de las instituciones de justicia en lugar de caer en una peligrosa helenización de la sociedad.

En segundo lugar, la regulación debe proteger debidamente los intereses de los pequeños ahorradores y accionistas minoritarios frente a abusos de magnitud internacional. En este sentido, los abogados reunidos esta semana en Madrid han destacado la indefensión de los pequeños inversores españoles ante los fraudes financieros por la ausencia de instrumentos jurídicos adecuados como las class actions o las mass actions del ordenamiento norteamericano. Esta indefensión no sólo afecta en los casos de fraudes financieros sino en todo tipo de daños masivos. Por ejemplo, los jueces han obligado a que las demandas de los 16.000 afectados por el cierre del espacio aéreo representados por Cremades & Calvo-Sotelo tengan que verse uno a uno, saturando los juzgados y provocando de facto la indefensión de los afectados. Con una legislación que permitiera una acción de grupo cualquiera de los 700.000 afectados por ese cierre podría haber demandado y de ganar, se habría indemnizado a todos.

Por este motivo, resulta un paso adelante que la Comisión Europea está revisando la Directiva de Instrumentos de Mercados Financieros (MiFID) para reforzar la protección del inversor. Esta ya en marcha una colective redress (acción de grupo) para toda Europa. Esta reforma se está acometiendo en paralelo a la de la transparencia y a la de abuso de mercado, sobre los OTC, mercados de instrumentos financieros en los que las transacciones no pasan por ningún intermediario que ofrezca garantías de pago en las operaciones.

Estas iniciativas para regular mejor un sistema financiero globalizado son necesarias, pero están lejos de ser suficientes para recuperar la confianza. Tienen, por un lado, el límite del respeto a la libertad de mercado, que quedaría suprimida si esa regulación fuera tan invasiva que impidiera el normal funcionamiento de los agentes financieros. Pero, además, en un sistema financiero cada vez más complejo, la regulación está abocada a caminar por detrás de la sofisticación de los mercados que requieren una respuesta también global por parte del Derecho, no sólo en su parte dispositiva sino en el ejercicio concreto de la litigación. El sector financiero se hizo global hace mucho tiempo y no siempre se puede contar con reguladores de todo el mundo para mantenerse al día con productos cada vez más complejos y los riesgos que conllevan. Se trata de asegurar el derecho de defensa, tanto de las personas que buscan reparación como de las instituciones financieras que se encuentran como acusados ​​en lugares inesperados.

La tercera clave para recuperar la confianza financiera internacional consiste en mejorar la seguridad jurídica de los mercados financieros, mediante la introducción de las mejores prácticas y la colaboración de los reguladores. Porque, si algo hemos aprendido de la actual crisis es que la mayoría de los riesgos, presentes antes de desatarse la crisis y en alguna medida causantes de la misma, eran ya conocidos por el mercado, sin que los reguladores acertaran a detectarlos y menos aún los inversores racionales a entender.

La tarea de los reguladores y supervisores no sólo viene dificultada por la creciente complejidad de los productos y servicios financieros, sino por el auge de la desregulación y su corolario de que el beneficio privado siempre conduce al bien público con independencia del Derecho y del Estado. Como abogado de miles de accionistas minoritarios de Bankia no puedo dejar de recordar, en este sentido, el triste papel del Banco de España y la CNMV por su responsabilidad en la información facilitada para la emisión bursátil de Bankia. Ambas instituciones dieron su visto bueno a la operación, y permitieron que, quienes suscribieron la ampliación, tomaran sus decisiones sobre la base de una información totalmente distorsionada de la situación patrimonial, financiera y operativa de la Entidad. Algo parecido podríamos decir de los miles de perjudicados por las preferentes.

Urge por tanto revisar el papel de los reguladores y colocar en primer plano, de nuevo, el viejo dogma de la seguridad jurídica y de la tutela del inversor. Hasta ahora los gobiernos y las organizaciones internacionales han buscado, con iniciativas como Basilea, la solvencia del sistema para la pervivencia del propio sistema. Ahora, la pervivencia del sistema exigirá la adopción de medidas reales de protección del usuario del sistema. Así lo ha entendido la Administración Obama cuando, tras la promulgación de la Ley de Reforma Financiera de 2010 (Dodd-Frank Act), ha promovido la creación de una agencia federal, la CFPB (Consumer Financial Protection Bureau).

En definitiva, necesitamos situar definitivamente al consumidor en el centro de atención del sistema financiero y consideran que los inversores grandes y pequeños han retirado buena arte de su confianza en el sector por la escasez de recursos que éste tiene para solventar los problemas reales a los que los inversores deben de enfrentarse todos los días. Sin confianza no habrá inversión, y sin inversión no habrá sistema. La confianza que necesita el consumidor de hoy no se centra en que las entidades sean solventes sino en que sus prácticas sean las adecuadas.

El movimiento del sector financiero es global, sin que exista manera de exigir responsabilidades parciales cuando se producen fallos en el sistema. Los más de veinte despachos de quince países que conformamos esta International Financial Litigation Network esperamos contribuir a la promoción de un marco legal que proporcione la seguridad jurídica, la transparencia y la confianza en el mercado que necesitamos. Para empezar, ya hemos iniciado un diálogo constructivo con el legislador español que tiene ante sí el enorme reto de devolver certidumbre a un mercado severamente castigado no solo por la crisis sino por numeros casos  de abusos financieros.

Javier Cremades

Abogado

Presidente de la International Financial Litigation Network.

 

 
"Una situación insostenible"
Viernes, 22 de Marzo de 2013 15:07
Escrito por Javier Cremades
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La noticia de que el FROB valora en 0,01 euros cada acción de Bankia de cara a establecer el precio al que transformará sus bonos convertibles en acciones nuevas dentro del plan de recapitalización aprobado por las autoridades españolas y comunitarias, ha llevado a la CNMV a suspender la cotización de Bankia por considerar que pueden “concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores”. Seguidamente, el FROB ha comunicado en un hecho relevante que todavía no ha completado la valoración de las acciones de Bankia y que por lo tanto “no existe ninguna valoración oficial a los efectos de llevar a cabo las operaciones mercantiles”.

La noticia es muy grave. Si se confirma esta valoración supondría la pérdida casi total de la inversión de los actuales accionistas, como veníamos advirtiendo desde hace meses como representantes legales de un grupo creciente de accionistas afectados. Como abogado de los accionistas he podido ser testigo directo de las dramáticas consecuencias de tantos accionistas minoritarios que habían invertido sus ahorros de la vejez, con la buena fe de que su inversión solo tenía el riesgo propio de la Bolsa.

Desde Cremades & Calvo-Sotelo estamos defiendo los intereses de más de 500 accionistas, que ya habían sufrido una pérdida patrimonial al vender sus acciones tras el colapso de la Entidad, y estamos preparando las diversas vías judiciales, que incluyen acciones penales, administrativas y civiles contra los responsables del daño para recuperar su inversión y recibir una justa indemnización. Entre ellos destaca el Banco de España por su responsabilidad en la información facilitada para la emisión bursátil de Bankia. El Banco de España dio su visto bueno a una operación, y permitió que quienes suscribieron la ampliación tomaran sus decisiones, sobre la base de una información totalmente distorsionada de la situación patrimonial, financiera y operativa de la Entidad. Justamente por esto, nadie puede exigir a los accionistas minoritarios de Bankia que pechen con unas pérdidas que constituyen la materialización de un riesgo desconocido en su día y, en suma, ocultado por la actuación supervisora gravemente negligente del Banco de España.

La importante y grave novedad de la decisión del FROB es que produce una situación insostenible para los accionistas porque va a causar un perjuicio patrimonial a todos los accionistas actuales y los que adquieran esa condición como resultado de la transformación de los bonos convertibles. Por tanto, en cuanto se materialice ese daño a los accionistas estarán en condiciones también de emprender acciones legales tendentes a la recuperación de su inversión y a la reparación del daño patrimonial.

Javier Cremades
Abogado

 
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Javier Cremades

“Los poderes clásicos deben aprender a relacionarse con los nuevos participantes en el gran juego de la sociedad. Aquellos que sepan adaptarse, los encontraran como aliados. Los que no perciban el cambio se despertarán, como el Gulliver de Swift, atenazados por la red de infinitos hilos de los insignificantes liliputienses”.