Micropoder



Sobre el derecho a decidir y la unidad jurídica de España (IV)

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Quiero dejar claro que no es mi intención expresar aquí ninguna postura política sobre el presente y el futuro de Cataluña, pero, desde mi responsabilidad como jurista, no puedo menos que advertir que toda vía que implique la vulneración del ordenamiento jurídico supone un ataque a la democracia, porque la democracia no es sólo el gobierno del pueblo, sino la garantía de la primacía de la ley y del Estado de Derecho. Dicha vulneración produciría una grave inseguridad y la quiebra, sin duda, de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los líderes políticos y sociales debieran dar ejemplo de respeto al Estado de Derecho en sus comportamientos y en sus declaraciones, pues situarse por encima del ordenamiento jurídico supone una amenaza al Estado de Derecho y a las libertades que éste garantiza, así como una lesión a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, se viva en la Comunidad Autónoma en la que se viva. La Constitución, en su artículo 9, lo expresa con gran claridad: todos los ciudadanos y todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Por ello no puede haber libertad, ni democracia, ni autonomía política por encima de la Constitución.

Esta es una lección que en Alemania han tenido que aprender por la dura vía de la tragedia social. La experiencia amarga de cómo en los años treinta del siglo pasado se pudo manipular al pueblo utilizando cauces democráticos formales de la Constitución de Weimar para subvertir el Estado de Derecho ha llevado a prohibir toda posibilidad de referéndum o consulta popular en la propia constitución. Se busca, siempre y ante todo, preservar la democracia constitutiva.

En el fondo, en España, en los últimos tiempos, bajo la apelación al respeto hacia las singularidades culturales e incluso políticas de determinadas Comunidades, algo que es completamente legítimo, lo que a veces se esconde, y ello ya no es legítimo, es una concepción del Derecho incompatible con lo que significa el Estado constitucional, o más ampliamente, la democracia constitucional. De ahí la necesidad de poner en claro los conceptos básicos que sustentan a la Constitución democrática y por lo mismo al Estado al que da forma, el Estado constitucional y democrático de Derecho, que ha sido, después de tantos siglos de inseguridad y desigualdad, el tipo de organización política que ha logrado articular la convivencia de manera civilizada. Ese tipo de Constitución y de Estado se caracterizan por haber fundido dos elementos que no pueden, ni teóricamente ni prácticamente, separarse: democracia y Derecho. De ahí que no quepa apelar a la democracia por  encima de la propia Constitución, o dicho con otras palabras, que no haya  más democracia legítima que la democracia constitucional.

La Constitución presupone la existencia de un único soberano, pues justamente en ello la propia Constitución se fundamenta, y por garantizarlo para el futuro la propia Constitución se mantiene. La Constitución democrática, que es realmente la única Constitución posible, se basa en que ese único soberano es el pueblo. En nuestra Constitución, el pueblo español en su conjunto, decisión adoptada por el poder constituyente y que el poder constituido no puede vulnerar.

De ahí que en una Constitución democrática, como es la nuestra, el derecho de autodeterminación es cualidad exclusiva del poder constituyente, esto es, del pueblo soberano, y no cabe reconocerlo a partes o fracciones de ese pueblo, por la sencilla razón de que no cabe fraccionar o dividir la soberanía. Por eso es un axioma inescindible de todo Estado constitucional el de la unidad de la Nación. Decidir sobre la soberanía, en consecuencia, sólo puede hacerlo su propio titular: el soberano mismo a través del ejercicio del poder de reforma que la Constitución le atribuye.

Por otra parte, resulta ser un sofisma considerar que el derecho a decidir radique en los “pueblos” y menos en los” territorios”. Ya nos enseñó Francisco de Vitoria y la escuela española del Derecho Natural, que sólo el individuo, “la persona”, es titular de los derechos subjetivos inalienables. El Pacto social que refrendó nuestra Constitución de 1978 fue entre todas las personas y el Estado Español y no entre territorios y el Estado como equívocamente se nos quiere hacer ver ahora.

Es incluso discutible que el pueblo soberano pueda disponer de aquello que sirve de fundamento a la misma Constitución: la preservación de la unidad del soberano, que es lo mismo que decir la unidad, la indivisibilidad, de la Nación. Por ello en algunos e importantes Estados constitucionales existen límites materiales expresos a la reforma constitucional, y por ello en otros, aunque no existan, parte de la doctrina sostiene que hay límites materiales implícitos, entre ellos el de la indivisibilidad de la Nación. Pero incluso si se acepta que el soberano, y sólo él, claro está, puede definir y redefinir su contorno, esto es, la extensión o composición del “demos”, lo que resulta pacífico e indiscutible es que, en todo caso, ésta es una decisión que únicamente a él compete.

Por eso, como antes apunté, no cabe, en ninguna Constitución, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de una parte del pueblo soberano, ya que tal derecho resulta por completo incompatible con el principio ya aludido en que toda Constitución se sustenta. En definitiva, admitir que pueda ejercerse, aunque se disfrace bajo el término engañoso del “derecho a decidir”, ese derecho de autodeterminación no sólo significaría incumplir frontalmente los mandatos constitucionales sino algo aún más grave: destruir, sencillamente, a la propia Constitución. Kelsen, sagazmente, ya advirtió que el Derecho se destruye si se basa en el axioma “debes si quieres”. Muchos siglos atrás Aristóteles dejó bien claro que la democracia es el gobierno por el pueblo, pero sometido a las leyes, pues,  sin sometimiento a la ley, el gobierno por el pueblo no es democracia, sino su falseamiento: demagogia. No puede hacerse prevalecer, pues, la democracia sobre la ley, la democracia sobre la Constitución, simplemente porque el Estado constitucional democrático, salvo que se le destruya, no puede dejar de ser al mismo tiempo Estado de Derecho. De ahí que democracia y Derecho, en esa forma de Estado, no puedan disociarse. Sin Derecho lo que no hay, en realidad, es democracia. No sólo la autoridad de Aristóteles, sino también la experiencia histórica así lo demuestran.

En España vivimos unos años difíciles. No sólo por la crisis económica y sus lacerantes consecuencias sociales, que ello, con ser grave, es un problema del que cabe esperar, razonablemente, que podamos solucionarlo, sino por la crisis político-institucional que nos atenaza y que puede generar en el cuerpo social efectos mucho más devastadores. Los reiterados y extendidos casos de corrupción, la deslealtad constitucional de algunos partidos e incluso de algunas autoridades autonómicas, la falta de brío de ciertos partidos nacionales para la defensa de los intereses comunes, el descrédito, en fin, de importantes organizaciones públicas, han originado una desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos, los partidos y las instituciones que puede llegar a convertirse, si esos males no se atajan, en una desconfianza hacia la propia democracia, o mejor dicho, hacia la democracia institucionalizada. Y no nos olvidemos que esa, la democracia que opera a través de las instituciones que la Constitución ha previsto, o en otras palabras, la democracia constitucional, es, como antes dije, la única democracia auténtica, por ser la única garantizada por el Derecho. La llamada democracia “de la calle” sólo puede ser antesala de la demagogia.

 
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